político
15.09.24 - Santiago de Chile - Juan Pablo Cárdenas
(Imagen de juanpablocardenas.cl)
El Poder Judicial en Chile no constituye un poder independiente desde el mismo momento en que los integrantes de su Corte Suprema son nominados por el Gobierno y el Senado de la República. Por varias décadas la renovación de los jueces supremos ha impedido la plena separación de los poderes del Estado, mediante un proceso político en que las mayorías y minorías parlamentarias negocian nombres no tanto en virtud de los méritos profesionales de quienes se postulan a estos cargos, sino conforme a sus orientaciones ideológicas. Incluso si se es católico, judío o masón resulta ser un factor muy importante para arribar a nuestro máximo tribunal.
Es muy conocida la existencia de lobistas dedicados a proponer postulantes y conseguir el apoyo de los legisladores como del propio Palacio de La Moneda. En una faena, naturalmente, en que se destacan algunos renombrados abogados, entre los que se cuenta el penalista Luis Hermosilla.
La desclasificación de los archivos de su teléfono celular, especialmente de sus chats de WhatsApp, así como las versiones periodísticas derivadas de estos contenidos, tienen actualmente a la política y la judicatura en una de las crisis más severas de nuestra historia institucional. Por largos años se le ha hecho ver en vano a los políticos chilenos la necesidad de modificar el sistema de designación de los jueces, nombramientos de conservadores y notarios como de otros apetecidos cargos públicos.
Sin embargo, en cada oportunidad la reforma ha fracasado al no existir voluntad en la clase política de renunciar a uno de sus más poderosos privilegios, como es el de ganarse la voluntad de los jueces y conseguir el sobreseimiento, la sanción mínima o, incluso, la impunidad de los delitos cometidos por los que se conocen como “delincuentes de cuello y corbata”. Entre los cuales el país sindica claramente a gobernantes, legisladores y dirigentes partidistas.
Los sondeos de opinión pública nos dicen que los chilenos, en más de un 80 por ciento, no creen en la imparcialidad de los Tribunales, así como ya es un lugar común afirmar que tenemos una justicia para pobres y otra para ricos, así como cárceles para estos y aquellos. Severidad para los infractores comunes, como benevolencia para los violadores de los Derechos Humanos. Entendiéndose, entre ellos, a militares y policías que han infringido severamente la Ley.
Los escándalos ventilados por algunos medios electrónicos y las redes sociales tienen, por fin, bajo proceso y cárcel al propio Hermosilla, como a varios de sus secuaces. Así, también, a un pequeño grupo de empresarios y funcionarios públicos imputados por soborno, enriquecimiento ilícito, fraude al Fisco, violación del secreto profesional, lavado de activos y otros gravosos delitos.
Con las grabaciones recogidas del celular de abogado lobista, a diario saltan más y más nombres, así como va despejándose la tenebrosa red de autoridades comprometidas en sus graves contravenciones. Ya hay tres integrantes del máximo tribunal que son investigados por sus propios colegas y muy próximamente encauzados por sus gravísimas faltas, entre los que se destaca sus reiteradas prevaricaciones. Delito muy bien representado, por ejemplo, en una sentencia dictada a toda velocidad y opacidad por una sala de la Corte Suprema en favor de una empresa chileno bielorrusa en desmedro de Codelco, la principal minera estatal. Donde fuera contrariado lo establecido por los jueces de primera instancia y de la propia Corte de Apelaciones.
De esta forma, es muy probable que en poco tiempo tengamos otros magistrados y jueces procesados y destituidos por haber obtenido sus cargos valiéndose del favor de políticos e integrantes del propio Poder Judicial. La duda, por ahora, radica en que si la destitución de estos podría reabrir las causas en que fallaron contra de la ley, favoreciendo a connotados empresarios que, como se recuerda, practicaron el financiamiento ilegal de la política.
15.09.24 - Santiago de Chile - Juan Pablo Cárdenas
(Imagen de juanpablocardenas.cl)
El Poder Judicial en Chile no constituye un poder independiente desde el mismo momento en que los integrantes de su Corte Suprema son nominados por el Gobierno y el Senado de la República. Por varias décadas la renovación de los jueces supremos ha impedido la plena separación de los poderes del Estado, mediante un proceso político en que las mayorías y minorías parlamentarias negocian nombres no tanto en virtud de los méritos profesionales de quienes se postulan a estos cargos, sino conforme a sus orientaciones ideológicas. Incluso si se es católico, judío o masón resulta ser un factor muy importante para arribar a nuestro máximo tribunal.
Es muy conocida la existencia de lobistas dedicados a proponer postulantes y conseguir el apoyo de los legisladores como del propio Palacio de La Moneda. En una faena, naturalmente, en que se destacan algunos renombrados abogados, entre los que se cuenta el penalista Luis Hermosilla.
La desclasificación de los archivos de su teléfono celular, especialmente de sus chats de WhatsApp, así como las versiones periodísticas derivadas de estos contenidos, tienen actualmente a la política y la judicatura en una de las crisis más severas de nuestra historia institucional. Por largos años se le ha hecho ver en vano a los políticos chilenos la necesidad de modificar el sistema de designación de los jueces, nombramientos de conservadores y notarios como de otros apetecidos cargos públicos.
Sin embargo, en cada oportunidad la reforma ha fracasado al no existir voluntad en la clase política de renunciar a uno de sus más poderosos privilegios, como es el de ganarse la voluntad de los jueces y conseguir el sobreseimiento, la sanción mínima o, incluso, la impunidad de los delitos cometidos por los que se conocen como “delincuentes de cuello y corbata”. Entre los cuales el país sindica claramente a gobernantes, legisladores y dirigentes partidistas.
Los sondeos de opinión pública nos dicen que los chilenos, en más de un 80 por ciento, no creen en la imparcialidad de los Tribunales, así como ya es un lugar común afirmar que tenemos una justicia para pobres y otra para ricos, así como cárceles para estos y aquellos. Severidad para los infractores comunes, como benevolencia para los violadores de los Derechos Humanos. Entendiéndose, entre ellos, a militares y policías que han infringido severamente la Ley.
Los escándalos ventilados por algunos medios electrónicos y las redes sociales tienen, por fin, bajo proceso y cárcel al propio Hermosilla, como a varios de sus secuaces. Así, también, a un pequeño grupo de empresarios y funcionarios públicos imputados por soborno, enriquecimiento ilícito, fraude al Fisco, violación del secreto profesional, lavado de activos y otros gravosos delitos.
Con las grabaciones recogidas del celular de abogado lobista, a diario saltan más y más nombres, así como va despejándose la tenebrosa red de autoridades comprometidas en sus graves contravenciones. Ya hay tres integrantes del máximo tribunal que son investigados por sus propios colegas y muy próximamente encauzados por sus gravísimas faltas, entre los que se destaca sus reiteradas prevaricaciones. Delito muy bien representado, por ejemplo, en una sentencia dictada a toda velocidad y opacidad por una sala de la Corte Suprema en favor de una empresa chileno bielorrusa en desmedro de Codelco, la principal minera estatal. Donde fuera contrariado lo establecido por los jueces de primera instancia y de la propia Corte de Apelaciones.
De esta forma, es muy probable que en poco tiempo tengamos otros magistrados y jueces procesados y destituidos por haber obtenido sus cargos valiéndose del favor de políticos e integrantes del propio Poder Judicial. La duda, por ahora, radica en que si la destitución de estos podría reabrir las causas en que fallaron contra de la ley, favoreciendo a connotados empresarios que, como se recuerda, practicaron el financiamiento ilegal de la política.