Los pactos entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo están ya teniendo efectos en una de las batallas ideológicas de la derecha: la memoria histórica. Este jueves Aragón se convertía en la primera comunidad en dar un contundente paso atrás y derogar su propia Ley de Memoria, vigente desde 2018, a propuesta de ambos partidos, a los que se ha sumado PAR. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno, pero los retrocesos son ya palpables a varios niveles.
Poco ha tardado el Gobierno de Aragón en cumplir lo prometido. En una fecha tan simbólica como el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, PP y Vox iniciaron el proceso y el pasado 1 de febrero llevaron la iniciativa de derogación de la norma a las Cortes para su debate. Su aprobación, a la que se han opuesto PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos e IU, se ha producido apenas 15 días después. Con esta marcha atrás, el ejecutivo autonómico dejará de prestar apoyo económico a las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los restos hallados en las 1.026 fosas comunes identificadas.
Que la ley “fue diseñada para enfrentar a los españoles en el siglo XXI” o que “discrimina a unas víctimas frente a otras” son dos de las frases que tanto Santiago Morón, de Vox, como Ana Marín, del PP, han esgrimido respectivamente en el pleno aragonés. El argumentario desplegado por las derechas entronca con una retórica habitual, que se repite por toda la geografía española: las leyes de memoria reabren heridas y promueven la división, ante lo que defienden impulsar normas de “concordia y reconciliación” obviando que en nuestro país, tras la Guerra Civil, hubo una dictadura de la que aún hay víctimas sin reparar, crímenes sin juzgar y vestigios franquistas que remover.
Cantabria va por el mismo camino. El PP, que gobierna en minoría, ha empezado a materializar allí el compromiso de derogar la ley aprobada en 2021 por parte del Gobierno del PRC y el PSOE. Así, el pasado 25 de septiembre, los populares dieron sus votos a la proposición no de ley presentada por Vox para redactar una nueva norma que la sustituya bajo el argumento, de nuevo, de que “enfrenta a los cántabros” y es “sectaria”. Lo que sí promete el PP es que mantendrá las exhumaciones de víctimas desaparecidas, aunque por el momento están en suspenso.
En Extremadura, donde María Guardiola (PP) gobierna gracias a Vox, se han mantenido los convenios de la consejería de Cultura para continuar con las exhumaciones de víctimas, pero la ley tiene los días contados. El pacto entre las derechas incluyó su fulminación y, según reveló la extrema derecha la semana pasada, el plan es hacerlo este año. La medida irá acompañada de una nueva ley de “reconciliación y concordia real”, que respete “la memoria de todos los extremeños y españoles”, según se recoge en el pacto. Esta fórmula estrella también se replicó en los acuerdos de Baleares o en la Comunitat Valenciana y en su día en Castilla y León, donde no ha habido avances en este sentido.
Su propia pelea libran los memorialistas en las comunidades en las que la derecha ya tenía una fuerte presencia. En Murcia, de hecho, ni siquiera hay legislación propia. “La ley no está ni se le espera. Y ahora todavía menos con el maridaje con Vox en el Gobierno regional”, lamenta Bernardo Sánchez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM). Los resultados de los comicios de 2022 han dejado un panorama “desolador” en esta materia, según Sánchez: el PP gobierna en más de 30 de los 45 municipios, y en varios ha llegado a acuerdos de gobierno con Vox, en una comunidad en la que perduran más de 200 vestigios franquistas sin atisbo de ser retirados.